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Instalan comisión sobre derrame; podrían solicitar cancelar concesión
Redacción
26 de Agosto de 2014

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Cámara de Diputados se instaló la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el Río Sonora.

En ese marco, el diputado presidente, Marco Bernal, advirtió que si los legisladores encuentran que las irregularidades son tan graves como para pedir al Ejecutivo Federal que cancele la concesión a los empresarios responsables, así se hará.

“Que asegure que se apliquen las sanciones correspondientes a la empresa minera por los daños ocasionados. Que si de los estudios que se realicen y de los informes de las diferentes dependencias se confirma que se transgredió la normatividad, esta comisión especial exigirá a la Secretaría de Economía la cancelación de la concesión otorgada al Grupo México para la explotación de la mina ubicada en Cananea”, expuso el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Subrayó que al Congreso de la Unión le preocupa que los daños ambientales provocados por el derrame de 40 mil litros de tóxicos en el Río Sonora y que ha afectado a miles de habitantes, queden impunes.

Asimismo, se pronunció a favor de legislar en la materia, para dotar al Estado de instrumentos que permitan imponer sanciones severas, pues la multa de 40 millones de pesos que se aplicará al Grupo México, a los congresistas les parece “poco”.

“Si vemos que no nos gusta la multa que le van a  poner a la empresa, porque nos  parece poca, pues tenemos que legislar para endurecerla. En otros países las multas son altísimas.  Nosotros creemos que la multa que se ha anunciado de un promedio 40 millones de pesos nos parece muy poco para el daño que se ha causado. Entonces, tenemos que endurecer la ley y eso es lo que podemos aportar nosotros al Gobierno Federal: darle instrumentos para que tenga la capacidad de sancionar de manera ejemplar a aquellos que dañen al ambiente”, dijo.

El diputado Bernal Gutiérrez enfatizó que la autoridad federal debe proceder con firmeza, y como en cualquier otra nación del orbe, si los concesionarios contaminan, se debe ordenar la suspensión de actividades, investigar los hechos, obligar a la reparación del daño y exigir indemnización a los afectados.

Puntualizó que la comisión a su cargo, dará seguimiento a las indagatorias de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) y la Procuraduría General de la República (PGR); aunado a que en su momento, se presentarán ante el Pleno , el informe de labores respectivo y sus recomendaciones.

Añadió que también se tiene previsto realizar recorridos por la zona afectada, a fin de recabar información de primera mano; y si es necesario llamar a reuniones de trabajo a funcionarios federales, también se valorará.