CIUDAD DE MÉXICO.- La elección judicial de 2025 provocó la pérdida de casi 60 por ciento de los juzgadores locales que ya estaban capacitados para implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar, afirmó el senador Javier Corral.

Durante la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión de Justicia del Senado y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el presidente de esa comisión vinculó esa reducción con el proyecto de aplazar nuevamente la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

"Y, sin duda, en el proceso que tiene que ver con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que, como ustedes saben, pues, en el mediano plazo tiene el proyecto de volverse a posponer su entrada en vigor, entre otros casos o entre otras circunstancias, porque la elección judicial del 25 nos ha hecho perder a casi el 60 por 100 de los juzgadores locales que ya estaban capacitados y formados en ese proceso", señaló.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares abrogó el Código Federal de Procedimientos Civiles y los Códigos procesales de cada estado. Se publicó en junio de 2023 y su entrada en vigor está prevista a partir del 1 de abril de 2027, después de un proceso gradual de implementación.

El nuevo instrumento legal busca unificar los procedimientos civiles y familiares en todo el País.

Corral recordó que el Senado ha abierto sus procesos de reforma a las miradas técnicas y especializadas de instituciones como el Inacipe a través de foros y conversatorios públicos para analizar las modificaciones a diversas legislaciones, como la Ley de Amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales y temas como los jueces sin rostro.

Indicó que en este caso, de los foros surgió el planteamiento al Poder Ejecutivo de detener esa figura y aprovechar para realizar una reforma integral al Código Nacional de Procedimientos Penales y de hacerlo con ayuda del Instituto.

Adelantó que seguirán haciendo estos procesos de diálogo para la Ley General de Feminicidio o en materia de justicia cívica.

"El convenio permitirá organizar este trabajo conforma a las necesidades de la agenda legislativa. Ahí viene una reforma reglamentaria a la más reciente reforma constitucional en materia de Poder Judicial, viene la reglamentaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación", dijo.

En entrevista posterior, el senador dijo que aún no tienen una fecha definida para dictaminar la reforma presidencial en materia de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

"El proceso está en marcha, no tenemos una fecha inmediata, próxima. Lo que queremos es agotar el proceso de diálogo, porque lo que estamos haciendo es sistematizar las distintas opiniones, incorporar las propuestas específicas que se han hecho a la iniciativa", dijo.

A nombre de la Comisión de Justicia que preside, adelantó que sí prevén que la propuesta debe tener modificaciones y ajustes en algunas definiciones, así como agregados que han sugerido particularmente familiares de víctimas.

Entre los temas a revisar mencionó la definición de feminicidio, a fin de incorporar de manera adecuada la adscripción a género.

"Estamos teniendo una discusión enorme, pero muy importante, sobre la definición propiamente de feminicidio, con el ánimo de incorporar a todos aquellos que, por género, adscripción a género o por definición de sexo, se considera un feminicidio.

"Sin embargo, creemos que es muy importante que la definición no vaya a dar pie, tratando de incorporar a personas trans, por otro lado, invisibilizar propiamente a las mujeres. Lo que buscamos es una definición que pueda ser muy clara en ese sentido", indicó.

Agregó que otro tema a revisión son las sanciones a servidores públicos, a fin de que su responsabilidad en las investigaciones quede perfectamente acreditada.

"El tema que tiene que ver también es con las sanciones a servidores públicos, desde el Ministerio Público, que alteran, que distorsionan, retrasan o socavan investigaciones en materia de feminicidio, para que esa responsabilidad quede también muy bien acreditada. Bueno, hay un conjunto de propuestas", explicó.

El morenista afirmó que la reforma será aprobada en el actual periodo ordinario que concluirá en diciembre y rechazó que algo esté entorpeciendo el avance del dictamen.

"No, en realidad es un proceso de diálogo abierto lo que ha hecho que nosotros continuemos con las valoraciones. De hecho, veo un proceso de mucho consenso, sin dificultades", planteó.

Por otro lado, Corral sostuvo que el convenio con el Inacipe debe ir más allá de un acto protocolario y servir para que las opiniones de especialistas tengan consecuencias en la deliberación legislativa.

"Un convenio de estos a veces parece que son cuestiones como de trámite o sólo para ocupar el espacio mediático de un evento protocolario, pero nosotros queremos fundar en este acto un acto que nos compromete a ambos, porque luego el Senado de la República escucha pero no le hace caso a nadie", expresó.

El senador señaló que la Comisión de Justicia busca desarrollar procesos de deliberación que comprometan al Senado a considerar las opiniones de expertos y especialistas.

"Lo que nosotros necesitamos empezar a experimentar son procesos de deliberación que nos comprometan, porque escuchar tiene la responsabilidad de hacerle caso a quienes se escucha, sobre todo si son expertos, especialistas", agregó.