HERMOSILLO.- Organizaciones civiles llamaron al Congreso del Estado a reactivar la iniciativa para eliminar el delito de estupro del Código Penal de Sonora, al considerar que esta figura ya no responde a los estándares internacionales de protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual.

Durante la presentación del informe “Protección de las infancias y adolescencias en Sonora: cifras, avances y retos legislativos”, representantes de EnIgualdad A.C. y Equality Now plantearon que la legislación debe colocar el consentimiento libre y voluntario como eje para investigar y sancionar los delitos sexuales.

"La violencia sexual debe analizarse desde el consentimiento y no desde la resistencia de la víctima", afirmó Elizabeth Plácido Ríos, coordinadora para América Latina y el Caribe de Equality Now.

Explicó que el delito de estupro resulta incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y que las conductas que actualmente se persiguen bajo esa figura, cuando ocurren sin consentimiento o bajo circunstancias de coerción, deberían atenderse dentro del delito de violación.

El diagnóstico presentado advierte que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes continúa siendo un problema persistente en Sonora. Entre 2021 y 2025, el Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (SALVA) registró mil 280 reportes de violencia sexual contra personas menores de 17 años; de ellos, mil 76 correspondieron a víctimas mujeres, mientras que 636 casos involucraron a adolescentes de entre 12 y 17 años.

El director general de EnIgualdad A.C., Iván Andrade Rembau, explicó que el informe busca fortalecer la iniciativa de reforma presentada en septiembre de 2025 por la diputada Ernestina Castro Valenzuela y aportar elementos técnicos para reactivar su discusión en el Congreso del Estado.

Entre las recomendaciones también se plantea sustituir el concepto de “parte ofendida” por el de “víctima”, revisar la definición del delito de violación y eliminar lenguaje considerado discriminatorio del Código Penal, con el objetivo de armonizar la legislación estatal con los estándares internacionales de derechos humanos.