HERMOSILLO.- La diputada Gabriela Félix presentó los resultados del informe de la Dra. Lizette Sandoval sobre la implementación de 13 de 31 medidas claves de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) declarada en 2021 en Sonora, denunciando que el mecanismo se ha convertido en una “cadena de omisiones” que mantiene a las mujeres en el último lugar de las prioridades públicas.

Durante su posicionamiento, la legisladora alertó que la violencia en el estado no es una excepción, sino una realidad estructural alimentada por la precariedad y la disputa criminal. 

Sonora se sitúa en lugares críticos a nivel nacional, entre las cifras alarmantes se encuentra en segundo lugar en tasa de desapariciones, tercer lugar en abuso sexual, cuarto lugar en llamadas al 911 por violencia de pareja, un repunte de 258 casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes durante 2024, cifra diez veces superior a años anteriores, y es el estado con mayor incremento en el incumplimiento de pensiones alimenticias. 

Félix Bojórquez señaló que, a pesar de la alerta declarada en 2021, las instituciones han fallado en su respuesta operativa. Denunció que el Protocolo Alba no cuenta con un seguimiento transparente y que aún no se ha implementado el comité técnico para supervisar la investigación de feminicidios. Además, subrayó la falta de policías especializadas en los municipios y de servicios de traducción para mujeres indígenas.

“Cuando el Estado simula cumplir, la violencia se fortalece”, sentenció la diputada, quien añadió que el derecho más básico de las mujeres, el derecho a vivir, no ha podido ser garantizado en Sonora. 

Para pasar de la simulación a la acción, la Diputada Gabriela Félix propuso desde el Poder Legislativo una agenda mínima que incluye: 

1. La creación de una mesa Interinstitucional de Agenda Legislativa AVGM, con reglas de operación y un calendario de trabajo específico. 

2. Priorizar la Ley “3 de 3 contra la violencia”, la despenalización del aborto bajo estándares constitucionales y reformas en materia de desaparición y feminicidio. 

3. Presentar informes semestrales públicos sobre los avances legislativos vinculados a la alerta. 

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a asumir esta crisis no como una bandera política, sino como una verdadera alerta que exige presupuesto, investigaciones rigurosas e instituciones que respondan con eficacia.