CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado propondrá una reforma Constitucional para quitar los bienes a los funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción.

Se trata de una modificación al artículo 22 de la Constitución para establecer que el Estado puede proceder a la extinción de dominio cuando se cometan delitos por hechos de corrupción.

La sanción también será aplicada en los casos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de justicia.

De acuerdo con el proyecto, que será llevado hoy a la tribuna de la Cámara alta, no sólo se quitarán los bienes a quienes hayan cometido el delito sino también a sus prestanombres o testaferros.

"La extinción de dominio procederá respecto de los bienes que estén intitulados a nombre de terceros y que existan elementos suficientes para estimar que fueron utilizados para el hecho que la ley señala como delito", refiere la iniciativa.

Adicionalmente se pretende separar el procedimiento penal que sigue contra el acusado y el procedimiento de extinción de dominio.

"Será jurisdiccional, de naturaleza penal, pero autónomo del procedimiento que se sigue la investigación y judicialización de los hechos con los que estén involucrados los bienes objeto del extinción", se establece en el documento.

Con este último punto, se busca que el Estado pueda recuperar los bienes al margen de la condena que se imponga al responsable de los actos de corrupción.

La extinción de dominio aplicará sobre los bienes que hayan sido usados como instrumento, medio o apoyo para cometer un acto de corrupción.

En exposición de motivos, los legisladores de Morena aseguran que los delitos de corrupción han incrementado su incidencia y estrategias de operación, por lo que es cada vez más complicado lograr resoluciones judiciales que signifiquen un verdadero castigo para esos criminales.

"La impunidad no debe ser característica del Estado mexicano, de ahí la necesidad de contar con una herramienta de recuperación de recursos provenientes de hechos ilícitos en materia de corrupción".

En la actualidad sólo procede la extinción de dominio por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito.