CIUDAD DE MÉXICO.- La política de pacificación propuesta por Andrés Manuel López Obrador debe empezar por reformar la estructura institucional de la Fiscalía General y las estatales para garantizar una procuración de justicia eficaz a favor de las víctimas.

Así lo planteó Mariclaire Acosta, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en un foro en el Colegio de México en el que participó Olga Sánchez Cordero, perfilada como próxima Secretaria de Gobernación.

Acosta señaló que la procuración de justicia parece no ser una prioridad de la transición.

"El acceso a la justicia es la gran faltante del México de hoy y la propuesta del equipo de transición aún no parece darle demasiada importancia al colapso de las instituciones encargadas de procurarla, tanto a nivel federal como local.

"Este enorme agujero no puede seguir siendo ignorado ni tampoco escamoteado con el nombramiento de personas honorables y capaces al frente de las mismas. Es necesario replantear el modelo mismo bajo el que operan y hacer acopio de todo el apoyo nacional e internacional necesario para ello", dijo en su ponencia.

Acosta recordó que para reformar la PGR ha habido numerosas recomendaciones de colectivos como #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, así como de instancias internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la CIDH, el GIEI y Open Society Justice Initiative.

Urgió al próximo gobierno a tomar en cuenta sus propuestas y llevarlas a la práctica.

"(Se) han dado a concocer numerosas propuestas y recomendaciones al respecto, habrá que conocerlas, sistematizarlas y ponerlas en práctica. El inicio de conversaciones con algunos de estos protagonistas es un buen signo, pero no debe quedar sólo en eso, hay que implementar los acuerdos y ponerlos en práctica", apremió.

Alertó que, sin Fiscalías eficaces y sin una Comisión de la Verdad de carácter nacional, incluso la propuesta de amnistía de López Obrador se vería limitada.

"La amnistía propuesta por el equipo de transición del nuevo gobierno es una propuesta importante y muy digna de consideración, pero a mi juicio no debe ser el comienzo de un proceso de justicia transicional, sino la culminación del mismo; una amnistía sin seguridad a los que se acojan a ella, sin información confiable sobre el alcance de su actividad delictiva, sin una comprensión verdadera de las estructuras y líneas de mando de las organizaciones a las que pertenecían y con las que fueron coaccionados a cooperar, de poco serviría al propósito de pacificación que se propone, y lo más importante, quiénes son los perpetradores de los crímenes atroces y violaciones a derechos humanos, cómo identificarlos, saber cómo operan y castigarlos.

"Sin una Comisión de la Verdad y una procuración de justicia confiable y eficaz que pueda hacer mella a la impunidad crónica de los delitos, esto será imposible y con toda probabilidad se iniciaría un nuevo ciclo de violencia", advirtió.

Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, se pronunció contra el plan de López Obrador de que el Fiscal General sea designado con base en una terna propuesta por el Presidente.

"Que saque las manos el Presidente de la designación de magistrados y administradores de justicia, lo mismo que de procuradores; queremos un Fiscal que sea electo por un parlamento democráticamente electo sin que haya participación del Poder Ejecutivo, así lo hemos dicho quienes hemos estado involucrados en el proceso de #FiscalíaQueSirva y no al 'Fiscal carnal' porque, aunque nos garanticen que la terna que presentará el Presidente estará impecable y maravillosa y con fenomenales candidatos, no queremos que luego no presente personas no fenomenales, mejor que el proceso que esté ajeno a la participación del Poder Ejecutivo.

"No importa quién sea el próximo Presidente, pero si su propuesta es un Fiscal con candidatos propuestos por él, no estoy de acuerdo", adelantó.