CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, admitió que las personas señaladas en las investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en contrataciones y vínculos con proveedores del organismo sí trabajaron en el Instituto, aunque actualmente ya no forman parte de su personal.

Al responder a los señalamientos sobre un trabajador identificado como su chofer, Jonathan Navarrete, quien además aparece como apoderado de Corporativo Zag, una empresa proveedora del INE, Taddei rechazó que haya sido su conductor y sostuvo que estaba adscrito administrativamente a la presidencia del INE.

Dijo que ella prefiere identificar la función de su otro chofer, el sonorense Luis Alberto Bustamante, como la de un "asistente especializado". REFORMA publicó hoy que ese colaborador cobra como líder de proyecto casi 70 mil pesos mensuales.

En una conferencia en la que la presidenta del INE se limitó a exponer supuestos expedientes y declaraciones patrimoniales de personajes que no se identificaron, negó que existan anomalías y acusó la intención de desestabilizar al INE.

Según la presidenta, en esas declaraciones que mostró públicamente sin acreditar a quién pertenecían los trabajadores manifestaron no tener participación en empresas, sociedades o asociaciones. Sin embargo, ante los señalamientos publicados, dijo que será el Órgano Interno de Control el que determine si hubo omisiones o falsedad en las declaraciones.

Taddei sostuvo que el INE recibió esas manifestaciones bajo protesta de decir verdad y que los funcionarios asumieron responsabilidad por la información proporcionada. La revisión, dijo, deberá determinar si lo declarado corresponde con sus actividades e intereses reales.

La presidenta también rechazó que existan "empresas favoritas" de su administración. Argumentó que varios de los proveedores señalados tienen una relación comercial con el INE que se remonta a años anteriores a su llegada a la Presidencia del organismo.

Puso como ejemplo la contratación de urnas, mamparas, bolsas, marcadores y otros materiales electorales, y afirmó que empresas especializadas en ese sector han participado en procedimientos de contratación desde 2019.

Sobre las urnas y mamparas utilizadas para la elección judicial de 2025, explicó que una licitación previa fue declarada desierta y que posteriormente se recurrió a una adjudicación directa con base en una investigación de mercado, debido a que las empresas participantes no cumplieron con los requisitos técnicos o económicos establecidos en la convocatoria.

Taddei insistió en que los expedientes contienen las fechas, procedimientos y justificaciones de cada contratación y pidió que no se atribuyan a su administración decisiones tomadas antes de su incorporación al INE.

No obstante, reconoció que la existencia de antecedentes de contratación no sustituye la revisión de la legalidad de los procedimientos. "Para eso están los órganos de fiscalización y de control", afirmó.

La presidenta centró su defensa en que las contrataciones cuestionadas tienen antecedentes y en que los expedientes deberán ser revisados caso por caso.

El INE, afirmó Taddei, continuará con sus actividades y con la preparación de los próximos procesos electorales.