CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) regresó al Consejo General del INE la denuncia contra ocho candidatos de la elección judicial acusados de tener lazos con el crimen organizado para que determine si procede o no su elegibilidad.

A propuesta de la Magistrada Mónica Soto, se consideró que las áreas del Instituto involucradas procesaron mal la denuncia de los quejosos.

El 30 de abril, un grupo de ciudadanos y organizaciones denunciaron ante el INE a ocho candidatos a jueces y magistrados por considerar que no cumplían el requisito de elegibilidad, al tener supuestos vínculos con delincuentes.

Esto luego de que el Consejo General aprobó un mecanismo para investigar quejas de la sociedad civil contra aspirantes por caer en los supuestos del 38 constitucional.

Sin embargo, la Unidad Técnica de lo Contencioso envió la denuncia a la Dirección Jurídica del INE, y esta la envió a la Sala Superior como medio de impugnación, lo cual fue incorrecto.

En la sentencia, se argumenta que los denunciantes buscan la cancelación del registro de estos candidatos por no gozar de buena reputación al supuestamente estar involucrados con el crimen organizado, por lo que el Tribunal Electoral no puede pronunciarse sobre el caso, sólo si se impugna la decisión del Consejo.

"Esta Sala Superior considera que deben remitirse los escritos de mérito al Consejo General del INE, para que, en el ámbito de su competencia legal y reglamentaria, determine lo conducente sobre la solicitud de cancelación del registro de diversas candidaturas a cargos de elección popular del PJF", indica.

"Máxime que dicha autoridad electoral recientemente ha aprobado Acuerdos, por un lado, vinculados con la verificación de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas judiciales, así como con la atención de solicitudes sobre la cancelación de candidaturas por el incumplimiento de tales requisitos".

Por unanimidad, se determinó "reencauzar" los escritos al Consejo General para que, en ejercicio de sus atribuciones, sin fijarle un plazo, se pronuncie sobre la solicitud.

Aunque en la denuncia original aparecen 11 candidatos cuestionados, en la sentencia aparecen ocho: Francisco Herrera Franco, quien aspiran a ser juez penal federal por Michoacán, y a quien acusan de estar relacionado con bandas criminales en esa entidad y proteger quienes asesinaron a reporteros.

Además de Madián Sinaí Menchaca Sierra, Karina Sánchez; Eluzai Rafael; Job Daniel Wong Ibarra; Cesiah Keren León Rocha; Betzabeth Almazán Morales y Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, por estar vinculados con Naasón Joaquín García, ex líder de la Iglesia de la Luz del Mundo.

En la sentencia no aparecen otros tres candidatos acusados de ser defensores o tener relación con narcotraficantes, como

Jesús Humberto Padilla Briones, Fernando Escamilla Villarreal y Andrés Montoya García.

Este miércoles, la Sala Superior analizará un proyecto del magistrado Felipe de la Mata, en el que plantea desechar otra queja de la agrupación Defensorxs contra Francisco Herrera Franco, para que lo retiren de la contienda, luego de que el INE declaró improcedente su denuncia.

"El recurrente se limita a insistir que el denunciado incumple con los requisitos de elegibilidad por no tener buena reputación, pero sigue sin acreditar por qué tal conducta constituye una infracción a la normativa electoral vigente, suficiente para iniciar la investigación de un PES por parte del INE, pues tal afirmación es dogmática y sin sustento legal alguno", concluye en su proyecto De la Mata.