Agustín Caso, el auditor Especial de Desempeño, quien advirtió que el costo de la cancelación del NAIM fue de más de 300 mil millones de pesos, fue cesado de sus funciones por el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares.

En una carta dirigida a los auditores de la ASF, acusó que la Auditoría ha perdido autonomía e imparcialidad, que se ha partidizado y ejerce la censura para integrar el Programa Anual de Auditorías.

Afirmó que también se cambian las revisiones si un servidor público se inconforma con los resultados.

"Para nadie es secreto que de manera cada vez más grave en la Auditoría Superior de la Federación se ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales, en detrimento de la autonomía e independencia de la función de fiscalización, lo que se traduce en abandonar o hacer retroceder a los equipos auditores en su misión", expuso.

Afirmó que ello ha derivado en que se han dejado de procurar y hacer cumplir los principios de separación de Poderes y estado de Derecho y, con ello, se ha debilitado no sólo a la Auditoría, sino a otras instituciones públicas.

"Este abandono de los principios de autonomía e imparcialidad ocurre porque existe la aspiración claramente ponderada en estos días de hacer política, lo que es incompatible con la responsabilidad de dirigir la Auditoría Superior de la Federación.

"Para decirlo en lenguaje propio de los auditores, las motivaciones y aspiraciones políticas actuales son la causa raíz de la disminución o debilitamiento de funciones que deberían ejercerse sin condicionantes", señaló en referencia al Auditor David Colmenares, que el próximo año termina su gestión y podría buscar la reelección en la Cámara de Diputados.

En la carta, afirmó que dichos principios son condición ineludible para que la función fiscalizadora sea apreciada y genere confianza como bien público.

Acusó que el Programa Anual de Auditorías está siendo censurado y que no hay libertad para realizar las revisiones a la Cuenta Pública.

"El caso más reciente es ilustrativo, pero no es el único. Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece. Ya no se diga de la integración del Programa Anual de Auditorías, el cual se ha vuelto una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional.

"Además, la intromisión en los enfoques, alcances y resultados de las auditorías, que son sujetas a una evaluación que ya no es técnica y que sirve al propósito de expulgar cualquier palabra y hallazgo que no sea políticamente funcional en el corto plazo", denunció.

Afirmó que todo ello va en contraposición al debido proceso que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

"Esto es sólo uno de los tantos casos, pero ustedes, compañeros auditores, deben tener sus propias historias", mencionó Agustín Caso.

Dijo que cada día se pueden ver dichos riesgos y valorar la forma de enfrentarlos.

El cese se dio luego de que, en el análisis de los resultados de la Cuenta Pública del 2022, Agustín Caso, aún como auditor especial de Desempeño, reconoció ante diputados que ya no se realizaban las auditorías de evaluación a las políticas públicas del Gobierno.

Dijo que él no tomó la decisión de eliminar la auditoría de evaluación que se había hecho a la política educativa, en la entrega de los resultados del 2020.

A raíz de ello, la diputada del PAN María Elena Pérez-Jaén acusó al Auditor David Colmenares de ejercer una "obstrucción a la fiscalización" y pidió una investigación de la Unidad de Evaluación y Control.

Antes, Agustín Caso fue removido de su cargo cuando dio a conocer los resultados sobre la cancelación de la obra del Aeropuerto Internacional en Texcoco, los cuales molestaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario ganó un juicio de amparo y logró ser restituido en su cargo.

Este martes, al informar a los auditores de su cese por parte del Auditor Colmenares, informó que nuevamente recurrirá a la ley.

Dijo que entiende que la verdad ofende e incomoda, pero es necesario tomar el riesgo de exhibir la verdad, ante la situación en que se encuentra la Auditoría.

"El martes 9 de abril de 2024, el auditor superior procedió a cesarme de la Auditoría Especial de Desempeño. En su oportunidad, interpondré los recursos jurídicos necesarios ante una decisión arbitraria e ilegal, porque la remoción se hace sin demostrar que se haya incurrido en alguna de las causales establecidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en sus artículos 93 y 94.

"Es necesario dejar claro que este movimiento laboral no representa en sí mismo una afrenta institucional y, por mi parte, tampoco representa una afectación personal", expuso.

Explicó que, en una situación normal, los movimientos y los ajustes de un equipo de trabajo son entendibles y normales.

Sin embargo, afirmó, la función fiscalizadora se está perdiendo en el rigor, la técnica y profesionalismo, principios que deben permanecer sin importar quién gobierna.

"La fiscalización superior debe realizase con autonomía, imparcialidad y libertad.

"La sociedad, por ser plural, demanda garantías de neutralidad. Desde la academia, la sociedad y al interior de las instituciones públicas, debemos reflexionar los riesgos de la partidización de la Auditoría Superior de la Federación e impulsar que sus funcionarios deban acreditar una imparcialidad fuera de dudas", sostuvo