Un juez federal vinculó esta noche a proceso a Emilio Lozoya por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados y ordenó colocarle un brazalete electrónico y vigilancia permanente mientras esté en el Hospital Ángeles del Pedregal, sin embargo, tras ser dado de alta gozará del equivalente a la libertad provisional con la única restricción de salir del país.

Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, consideró que existen datos de prueba suficientes para suponer que el ex director de Pemex recibió un soborno de Altos Hornos de México, para que la empresa productiva del Estado adquiriera la planta "chatarra" de Agronitrogenados.

Lo mismo estimó para presumir que empleó poco más de 34 millones de pesos de ese dinero malhabido para adquirir su casa de Lomas de Bezares, asegurada el año pasado por la Fiscalía General de la República.

"Resuelvo vincularlo a proceso por el delito previsto en el artículo 400 bis, del Código Penal Federal en su redacción del año 2012, es decir, operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos con el fin de aparentar una actividad lícita", dijo el juez.

De acuerdo con la versión que ofreció el Consejo de la Judicatura Federal, la FGR no pidió la prisión preventiva justificada de Lozoya para cuando sea dado de alta, no obstante el riesgo de que pueda evadirse, por su antecedente de haber huido del país.

La Fiscalía tampoco pidió imponerle una fianza ni la medida cautelar de resguardo domiciliario para cuando Lozoya salga del hospital; también precisó que sólo estará con vigilancia policial mientras permanezca en el nosocomio.

A pedido de la dependencia federal, el juez ordenó colocarle un brazalete electrónico, retirarle la visa y el pasaporte, y la obligación de acudir cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares.

En la audiencia no se habló de libertad provisional para Lozoya, pero en los hechos eso será lo más parecido a lo que tendrá al salir de hospital, pues ya no estará vigilado y sólo deberá cumplir con las obligaciones antes enumeradas, sin salir del país.

El juez acordó conceder un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo que la Fiscalía dijo que empleará para conseguir información financiera de María del Carmen Ampudia Cárdenas, quien vendió la casa de Lomas de Bezares a Lozoya, así como de cuentas en las Islas Vírgenes y de la off shore Tochos Holding, propiedad del ex funcionario.

El juez Zúñiga sugirió que la FGR está en posibilidad de imputarle por los mismos hechos a Lozoya el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, mismo que sí contempla un daño patrimonial que se le puede exigir al ex director de Pemex.

Durante la diligencia, la Fiscalía dijo que la conducta delictiva de Lozoya ocasionó una afectación a Pemex por alrededor de 8 mil millones de pesos.

"Hay un argumento de la Fiscalía que llama la atención y que en todo caso podría generar un diverso delito como es el uso indebido de atribuciones y facultades previsto en el artículo 217 fracción ii del Código Penal Federal", señaló.

"Si bien la Fiscalía da cuenta de la posibilidad de la actualización de un diverso delito estará en el marco de sus posibilidades".