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CD. OBREGÓN, SONORA MARTES 2 DE JUNIO DE 2020
Advierten regresión con Fuerzas Armadas en calles
Redacción
13 de Mayo de 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando las Fuerzas Armadas han participado en tareas de seguridad, se han documentado los casos de tortura y desaparición forzada de personas, por lo que enviar a las tropas de nuevo a esas funciones resulta una regresión, advirtió el constitucionalista Raymundo Gil Rendón.

"Existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por tres personas, los Alvarado, fueron levantados y desaparecidos por los militares, ahí es donde la Corte, que es el máximo órgano supranacional, ordena al Estado Mexicano que no use ya a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública", recordó.

En diciembre de 2009, tres familiares de Chihuahua, Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes,fueron asegurados por un grupo de soldados y nunca volvieron a ser vistos.

"En la sentencia, la CIDH fija las condiciones que de usarse el Ejército debe ser temporal, extraordinaria, regulada, supervisada, fiscalizada y subordinada a civiles, todo esto lo copiaron y lo pusieron en el Quinto Transitorio de la reforma del 26 de marzo de 2019 y no se están cumpliendo".

Para el ex director general de la Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Ejército sigue subordinado a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Añadió que tampoco es fiscalizado ni supervisado debido a que esas instancias internas militares son juez y parte.

"Nunca un Órgano Interno de Control del Ejército ha denunciado o acusado a un militar por tortura, o por violaciones, o lo más grave, desaparición de personas como el caso de los Alvarado", indicó Gil Rendón en entrevista.

"Entonces cómo es posible que ni el artículo 29, que dice que se puede hacer estado de excepción, establece que no se puede cometer tortura ni desaparición en estado de excepción, ahorita le den luz verde en un estado, entre comillas, democrático como México, que todas las Fuerzas Armadas hagan labores de policías".

Enlistó que las sentencias que ha habido en los casos Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, campesinos ecologistas de Guerrero torturados por soldados en 1999; Rosendo Radilla, líder social de Guerrero desaparecido por militares en 1974, y los tres Alvarado, han dejado claro el papel que ha jugado el Ejército en tareas de seguridad.

"Ahora estamos en una posición endeble, cualquier ciudadano que salga a la calle y ha sido detenido por un militar, éste inventará un delito, lo va a torturar y lo va hasta desaparecer", alertó.

"Yo propongo un amparo 'pro bono' (gratuito) que brindo a la sociedad y es bien sencillo, a través de un amparo colectivo a través de una ONG, que tiene interés legítimo, se pide la suspensión de plano, porque se teme a la pérdida de la vida, y la norma cae por su propio peso, un juez de distrito imparcial puede anular el decreto del Gobierno federal".

Recordó que la Suprema Corte de Justicia invalidó la Ley de Seguridad Interior en pasados sexenios.

"Ahora el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) pretende reactivarla con un simple Acuerdo Administrativo, ni siquiera por una norma general, abstracta e impersonal, es decir, una ley", reprochó.

"Tampoco se cumplen con las condiciones de convencionalidad para el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, por el contrario, la Guardia Nacional estará subordinada al Ejército y no a los civiles".