CIUDAD DE MÉXICO.- El acuerdo por el cual el Gobierno federal anunció un plan para tratar de frenar el contagio de Covid-19 generó confusión entre empresarios y abogados laborales, al no quedar claro el alcance de las medidas y a qué sectores involucra.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) envió una serie de preguntas al Gobierno federal para clarificar los pasos a seguir en la fase dos de la emergencia.

"Tenemos falta de claridad sobre cuáles son las implicaciones laborales de este decreto que dice suspender temporalmente las actividades de los sectores público y privado.

"Por ejemplo, en el transporte privado de personal a plantas y fábricas deben continuar laborando pero tienen esta problemática que es concentración arriba de un camión. Es el tipo de cosas que requieren claridad", señaló Carlos Salazar, presidente del CCE.

Por otro lado, en el decreto se incluyó un listado de industrias que se consideran estratégicas para enfrentar la crisis del Covid-19.

Pero existen otras que no son mencionadas y son igualmente importantes, afirmó Salazar.

"Dice el decreto que durante la crisis deben mantenerse operando las empresas estratégicas. En este inciso establecen un listado pero no incluyen sectores como alimentos y bebidas. A nosotros nos parecen estratégicos, estamos tratando de garantizar el abasto y creemos que esto no debe ser limitativo. Tenemos que asegurarnos que no se rompan las cadenas de abasto y lo que estamos pidiendo es que toda aquella empresa que es importante en la cadena de abasto no se quede sin operar", subrayó.

Por otro lado, los despachos de abogados laborales realizaron interpretaciones encontradas sobre el decreto.

Por ejemplo, la firma De la Vega & Martínez Rojas advirtió, según su interpretación, que las relaciones de trabajo no deberán terminarse.

Pero se trata de una suspensión temporal de las mismas, por lo que existen fundamentos para que las empresas suspendan la relación laboral y paguen a los trabajadores un día de salario mínimo, hasta por un mes, como indemnización.

Sin embargo, las empresas podrán convenir con los trabajadores o el sindicato modalidades de pago superiores a la mencionada en la Ley.

Por su parte, Germán de la Garza, del despacho Mowat, opinó que las disposiciones del Acuerdo carecen de claridad y en muchos casos son ambiguas, en cuanto a las obligaciones específicas de las empresas.

"Carece de disposiciones que hablen de posibles medidas de apoyo y/o supervisión por parte de la autoridad, ni de las posibles sanciones en caso de decretarse algún supuesto incumplimiento.

"Esta ambigüedad obviamente deriva de la política ya reconocida por el gobierno federal, de evitar por el momento la declaratoria de la contingencia sanitaria, considerando el impacto económico que tendría en la fuerza laboral", afirmó.