CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional la llamada "Ley Garrote" de Tabasco.
Un grupo de militantes de MC encabezado por el coordinador nacional Clemente Castañeda acudió a la SCJN para interponer una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Penal de Tabasco que prevé penas de hasta 13 años de cárcel a quien impida la construcción de obras.
"Vamos a tratar de darle garrote a la Ley Garrote. La decisión que tomó el Congreso de Tabasco es una acción que merece ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Venimos a plantear una acción de inconstitucionalidad para tratar de corregir este atropello, este exceso que cometió el Congreso de Tabasco. Nosotros argumentamos que el artículo 308 Bis del Código Penal de Tabasco que fue reformado es violatorio de la constitución", afirmó Castañeda.
De acuerdo con el dirigente, la "Ley Garrote" también viola los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libre asociación.
"Evidentemente, lo que hay detrás de este intento del Congreso de Tabasco es tener mayores instrumentos ilegales e ilegítimos para tratar de callar, de vulnerar, para tratar de obstaculizar cualquier manifestación de carácter político. No podemos aceptar que cualquier Gobierno estatal, cualquier régimen político, pretenda vulnerar los derechos a la libertad de expresión y los derechos políticos de las mexicanas y los mexicanos", agregó.
Jorge Álvarez Máynez, secretario general de acuerdos de Movimiento, confió en que la Corte declare inconstitucional la ley pues con ella se pierde el derecho a la libre manifestación y a la libre expresión, además de que se criminaliza la protesta.
"Lo que hace esta ley es criminalizar la protesta, eso es lo que nosotros condenamos", aseveró.
El pasado 24 de junio, el Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, envió al Congreso local una iniciativa para modificar los artículos 299, 306, 307 y 308; y la adhesión de los artículos 196 Bis y 308 Bis al Código Penal estatal.
La iniciativa de Ley fue aprobada el 26 de julio con el objetivo de incrementar las penas previstas para el delito de oposición a que se ejecuten trabajos u obras públicas, a fin de sancionar a quienes vulneren o pretendan vulnerar el ejercicio legítimo de la autoridad para el logro de los fines del Estado.
En opinión de Álvarez, el Congreso de Tabasco evidenció la sumisión que tiene ante el Gobernador.
"Se exhiben de la peor manera y con una sumisión total porque esta ley es producto de una iniciativa del Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, él es quien mete esta iniciativa al Congreso por instrucción del Presidente López Obrador en protección al proyecto de la refinería de Dos Bocas, que además está plagado de otras irregularidades del Gobierno de Tabasco, desde la explotación del terreno hasta el daño ambiental, por eso hay muchos motivos para que la sociedad allá proteste", dijo.
La acción de inconstitucionalidad también estuvo respalda por la senadora Verónica Delgadillo e integrantes de la Comisión Operativa Nacional de MC.