CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles haber causado un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.

Esto al considerar que fue omisa en la operación de desvíos que llevaron a cabo sus subordinados en la Sedatu y la Sedesol en la Estafa Maestra.

En la audiencia de imputación, en la que hubo receso y se reanudará a las 17:00 horas, los fiscales federales revelaron que tres de sus ex subordinados en ambas dependencias le informaron verbalmente y por oficio a Robles la existencia de las irregularidades consistentes en la firma de convenios fraudulentos y no hizo nada por impedirlo ni lo informó a su superior jerárquico, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la versión, le reportaron las anomalías año con año de 2014 a 2018, sin que hubiera una contra orden para impedirlas.

De hecho, estos tres testigos colaboradores declararon que en una reunión celebrada en junio de 2014 entre funcionarios de la Sedesol con Juan Manuel Portal, entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, éste le dijo a Robles de los actos de corrupción que habían detectado y de los cuales también supuestamente fue omisa.

Los testigos son José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones, y María del Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Sedatu y la desaparecida Sedesol, quienes ya colaboraron con la FGR al haber recibido el beneficio del criterio de oportunidad.

Los fiscales informaron que son 27 los convenios generales o de coordinación, los contratos particulares y los apéndices que se simularon dentro de esta trama delictiva para desviar los más de 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas de Morelos, Quintana Roo, Chiapas e Hidalgo.

Teresa Maldonado, una de las fiscales, expuso que Robles tuvo conocimiento que en estos contratos hubo pagos de servicios no requeridos y mucho menos prestados, y nunca analizaron la capacidad de las universidades para garantizar la contraprestación, razón por la que éstas subcontrataron más del 49 por ciento del monto total del convenio, límite permitido por la norma.

"Usted tuvo pleno conocimiento de que los servidores públicos realizaban contrataciones indebidas con diversas universidades públicas del País sin licitación, sin que verificaran la capacidad técnica y humana para ofrecer el servicio, generando con ello una subcontratación de más del 49 por ciento permitidos por la ley", dijo la Fiscal.

"Usted tuvo conocimiento, se insiste, tuvo pleno conocimiento, sin que lo informara a su superior jerárquico, el jefe del Ejecutivo federal, lo que en la especie no aconteció y no lo evitó, teniendo la facultad para hacerlo".

Los fiscales le imputan a la ex funcionaria el delito de ejercicio indebido del servicio público, en la modalidad del servidor público que tiene "conocimiento de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad por cualquier acto u omisión, y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades".

La Fiscalía le imputa haber cometido esta conducta ilegal en forma dolosa y continua, en su carácter de autora directa.

Conforme al artículo 214, fracción tercera, del Código Penal Federal, este ilícito se penaliza con dos a siete años de cárcel y de 30 a 150 días multa.

La audiencia de este jueves estaba programada para las 11:00 horas, sin embargo inició hasta las 12:08 porque, según justificó el juez Delgadillo, la logística para el ingreso de la prensa y el público al recinto judicial retrasó el inicio de la misma.

Durante la primera hora de la audiencia, el debate entre los abogados de Robles y los fiscales versó en relación a si la ASF debía participar en la misma en calidad de ofendida.

Los primeros alegaron que no había ninguna afectación al patrimonio del organismo revisor y, por tanto, no podía reclamar la calidad de víctima u ofendida.

Pero el juez Delgadillo le reconoció el carácter de ofendida, argumentando que la norma y las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocen a la Auditoría Superior como el único ente que puede indagar y determinar si existe daño o perjuicio a la hacienda pública.

Tras zanjar este asunto, uno de los abogados de Robles planteó la posibilidad de que fuera diferida la audiencia, debido a una suspensión provisional que concedió el Juez Tercero de Distrito de Tapachula a un coimputado. No dijo su nombre, pero se trata de Emilio Zebadúa, el ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol.

Enérgico, el juez reviró a uno de los abogados que no iba a permitir el aplazamiento de la imputación contra la ex Secretaria, con ese argumento.

"No se puede diferir porque es un amparo de otra persona, usted lo está pretendiendo... guarde silencio y acate mi determinación, no intente diferir la audiencia, no voy a permitir que pretenda diferir la audiencia tramposamente con un amparo de un coimputado", dijo Delgadillo.

En punto de las 14:50 horas, el juzgador acordó un receso, a solicitud de los fiscales federales, luego de que los abogados de Robles le solicitaran aclarar detalles de los convenios, como los montos y las irregularidades específicas de cada uno de ellos, así como los nombres de los funcionarios que los suscribieron.

Delgadillo negó a la defensa su solicitud para que la FGR explicara en la audiencia el mecanismo de desvíos de la Estafa Maestra, en virtud de que Robles no está imputada del delito de peculado, sino de ser omisa ante esta operación ilegal.

Al filo de las 16:40 horas, la ex funcionaria regresó al Reclusorio Sur para continuar con la comparecencia.