CIUDAD OBREGÓN.- Un equipo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) reveló una serie de irregularidades e inconsistencias en el contrato para la remodelación del Centro de Usos Múltiples (CUM) de Cajeme, adjudicado en 2022 por más de 8.5 millones de pesos.

Bajo un enfoque ciudadano y de vigilancia institucional, los hallazgos se derivan del programa Contratos en la Lupa, iniciativa promovida por el colectivo Cajeme Cómo Vamos para fortalecer la transparencia en el ejercicio del gasto público.

El contrato analizado -de clave CAJEME(21-24)-CREE-01-2022 / LPO-826018991-033-2022- fue asignado a la empresa Recubridecor de Obregón S.A. de C.V., representada por Siulkaren Olavarría Valdez, a través de licitación pública. 

Sin embargo, la investigación de los estudiantes identificó vacíos de información y deficiencias en los mecanismos de verificación institucional que debieran garantizar el cumplimiento de lo pactado.

Uno de los primeros hallazgos fue la imposibilidad de verificar el domicilio fiscal de la empresa contratista, ubicado en una privada residencial sin acceso público, lo cual dificultó comprobar su existencia física o actividad operativa.

Además, pese a realizar cinco solicitudes de información vía transparencia, el equipo recibió respuestas incompletas. La documentación entregada omitió elementos clave como planos de obra, facturas y detalles específicos de ejecución, lo que dificultó una revisión técnica del proyecto.

También intentaron identificar visualmente a la representante de la empresa, Siulkaren Olavarría, sin éxito. No se hallaron registros fotográficos en internet que confirmaran su identidad, lo que sumó incertidumbre sobre el perfil del proveedor.

En una revisión en campo, incluyendo entrevistas con el personal de seguridad del propio CUM y vecinos del área, se corroboró que sí se realizaron algunas obras de mantenimiento; sin embargo, no se pudo confirmar la magnitud o el alcance real de la remodelación conforme al monto contratado.

El trabajo del equipo también derivó en una serie de recomendaciones institucionales, entre ellas: fortalecer los mecanismos de validación de proveedores, priorizar visitas físicas a los domicilios fiscales antes de adjudicar contratos relevantes, y brindar acompañamiento técnico a empresas contratadas para evitar fallas o vacíos documentales.

“Más allá de la obra, lo importante es visibilizar cómo se ejercen los recursos públicos y exigir que se cumplan los principios de rendición de cuentas”, coincidieron los estudiantes Ana Sofía Godoy, Clarisa Quintero y José Rafael Valenzuela, autores del informe.