El gobernador Guillermo Padrés, no es un caso cerrado para el Sistema Federal; se percibe una tregua para que las pasiones políticas no interfieran en el proceso electoral que vivirá Sonora.

   Es el Sistema Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, quien marca los tiempos políticos y sus matices, en el país.

   Actualmente, se percibe la forma en que Miguel Ángel Osorio Chong, siguiendo lineamientos del presidente Enrique Peña Nieto, deja constancia de la fuerza del Estado en dos casos que trataron de entremezclar en Sonora oficiantes de la política, buscando que pasara desapercibido uno, el de la presa particular del gobernador Guillermo Padrés, en su rancho El Pozo Nuevo (cuya cortina, informan de última hora, fue demolida, lo que abrirá nueva investigación), y el del dramático daño ambiental causado a comunidades de la región de los ríos Sonora y Bacanuchi, con más de 23 mil habitantes.

   Osorio Chong canceló el 12 de septiembre, una reunión con el mandatario sonorense, donde supuestamente se analizaría la situación del derrame tóxico en los cuerpos de agua de los ríos citados, por parte de la Minera Cananea, propiedad de Germán Larrea; pero en el tejido político brotó el caso de la presa de Padrés Elías, lo que provocó que éste operara mediáticamente, y en forma precipitada revolviera el ambiente, desconociendo la autoridad de varios delegados federales, y generando, con esa actitud, distensión en las relaciones con el Gobierno Federal, originando que se suspendiera la cita inicial.

   Posteriormente, luego de algunos escarceos del dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, y del coordinador de los senadores azules, Jorge Luis Preciado, abriendo un simulacro de enfrentamiento con la administración peñanietista, dieron paso a que los desencuentros se calmaran, reponiendo la audiencia fallida, la que finalmente se realizó el 19 de septiembre, con lo que, aparentemente, las aguas volvieron a su nivel.

   Pero, hasta ahora, se advierte que no es así, porque las pasiones políticas y los intereses económicos que prevalecen en este juego de poder y dinero, se han contenido solamente un poco, considerando que el Grupo Atlacomulco, mismo que apuntala la administración priísta de Peña Nieto, tiene muy claro que en Sonora no debe repetir el PAN, porque se trata de una Entidad clave para asegurar, desde ahora, un nuevo triunfo presidencial del tricolor en el 2018, dándole vigencia al proyecto de continuidad de la “dictadura perfecta”.

   Y bajo esas premisas –lo saben bien Peña Nieto, Osorio Chong, César Camacho Quiroz y Manlio Fabio Beltrones-, en las que se establece que Sonora está prácticamente en los umbrales de un proceso electoral, es justo pensar que decidieron desactivar toda acción que pudiera presentar como víctima del sistema a Guillermo Padrés y su partido, dejando correr los tiempos para que se realicen campañas, se lleven a cabo los comicios, y esperar el 2016, que sería, presumiblemente, el más difícil para el hombre de Cananea, ya sin su fuero de gobernador, y posiblemente sin el respaldo del sueño azul de la segunda edición del Nuevo Sonora, aunque tal vez blindado como diputado federal.

   Podrían, pues, darse circunstancias muy especiales a finales del 2015 y principios del 2016, dependiendo del desenlace del proceso electivo y del comportamiento del Gobierno de Sonora en el trayecto electoral, porque, desde ahora, se vuelve evidente que las relaciones de la administración peñanietista con el Nuevo Sonora, no son lo tersas que los panistas quisieran, de tal manera que se mantendría una vigilancia estricta y una investigación soterrada sobre el transcurrir del mandato de Padrés a través de los delegados federales, acumulando evidencias, testimoniales, denuncias de corrupción, elementos que se analizarían hasta en sus mínimos detalles, porque el sistema, a la usanza del viejo PRI que es evidente está de vuelta, no descuida sus flancos, y sabe negociar y perdonar, cuando así le conviene; o bien, hundir a quien pretende retarlo y medir fuerzas.

   ¿Acaso, no hay ejemplos señeros que se constituyen en lección definitiva de cómo los Gobiernos emanados del PRI castigan y perdonan, de acuerdo a los tiempos y circunstancias?

   ¿No son valederos los casos de Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps y Humberto Moreira Valdez, por citar a algunos, quienes viven los extremos de la persecución y el autoritarismo implacable, la primera; o el perdón disimulado, los segundos? 

   Los días que vienen estarán llenos de señales sobre la tentativa de caos que pretendió provocar el gobernador Padrés (incluso, convirtiendo en preso político al guerrero yaqui Mario Luna Romero, por defender su historia, sus tradiciones, su heredad ancestral), para que el humo ensombreciera lo que no es conveniente que se vea en la Entidad y, esencialmente, en su ejercicio público; y esos signos de los tiempos, sabiéndolos interpretar, permitirán valorar si el gobernador panista se disciplinó a las líneas del sexenio peñanietista, o se declara, de verdad, junto con su partido, en pie de guerra.

   Le saludo, lector.