CIUDAD OBREGÓN.- Fitch Ratings bajó a ‘A-(mex)’ la calificación de la calidad crediticia del estado de Sonora, además modificó las calificaciones de los créditos bancarios calificados según la estimación más reciente por parte de la empresa dada a conocer en un comunicado.
Entre los factores claves que llevaron a bajar la calificación se encuentra el incremento, no esperado por Fitch, de la deuda de largo plazo la cual se proyecta sea cercana a 100% de los ingresos disponibles, además, se basa en el deterioro observado en los indicadores de liquidez.
Por otra parte, los factores que limitan la calificación son el nivel de apalancamiento alto y el uso intensivo de créditos revolventes de corto plazo, aunque actualmente su utilización ha disminuido.
Además, la delimitan el gasto operacional abultado y las contingencias en materia de pensionados y jubilados y fondos de reserva limitados.
Fitch estima que la deuda directa de largo plazo (DDLP) de Sonora sea de 0.98 veces los ingresos fiscales ordinarios (IFOs; ingresos de libre destinación) en 2016 y que supere los IFOs en 2017, lo que se considera como endeudamiento alto.
El Estado cuenta con una autorización para contratar 5 mil millones adicionales de DDLP, los cuales se dispondrán entre 2016 y 2017. Al 31 de marzo de 2016, la DDLP ascendió a 16, mil 055 millones y la de corto plazo mil 409 millones. Por su parte, la deuda indirecta o contingente, perteneciente a organismos descentralizados, ascendió a mil 457 millones al cierre del primer trimestre de 2016. Lo anterior, en su mayoría se paga directamente por el Estado, situación que constituye una presión adicional para las finanzas estatales.
Con el objetivo de mejorar el desempeño presupuestal de Sonora, el Estado diseñó un plan de reordenamiento financiero que se compone de tres partes: reestructura de la deuda actual, mejoría en los niveles de ingresos y ajustes al gasto total. Todo lo anterior está alineado a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera.
A principios de 2016, el Congreso local aprobó la reestructura de la deuda actual, por hasta 16 mil 900 millones, y la inclusión de un porcentaje como Garantía de Pago Oportuno (GPO) con Banobras, a fin de mejorar el perfil crediticio. Fitch ya incorpora los beneficios de dicha reestructura en sus proyecciones y dará seguimiento a los compromisos de ajuste fiscal y financieros que se estipularán en los contratos.
Uno de ellos podría establecer que el indicador de deuda directa de largo plazo sobre los ingresos fiscales ordinarios se ubique cercano a 80% al finalizar la administración actual. El ajuste en la calificación de la entidad se refleja directamente y en el mismo sentido en la calificación específica de los 16 créditos calificados, por lo que se modificaron a la baja.