CIUDAD OBREGÓN.- La persecución de actos de corrupción no puede hacerse a costa de violar derechos humanos, como pretende el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumenta el Presidente Enrique Peña Nieto en sus observaciones enviadas al Senado.

En el documento de 28 páginas, el Mandatario federal advierte que el Poder Legislativo está obligado a velar por garantías establecidas en la Constitución, por lo que exigir a particulares, que ejerzan recursos públicos, presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos, como si fueran funcionarios, trasgrede la Carta Magna al agredir su vida privada y la protección de datos personales.

"La medida es desproporcional. La persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos", indica.

"La obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses genéricas afecta la vida privada de las personas, y con ello, se ponen en peligro otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal".

Ejemplifica que el artículo 81 de la ley aprobada por el Congreso establece que las sanciones impuestas a una persona moral se harán extensivas a aquellas con las que tenga identidad mayoritaria de accionistas, pero esto, advierte, vulnera el artículo 22 constitucional.

"En opinión del Poder Ejecutivo, las disposiciones normativas observadas podrían constituir una violación a dichos derechos", cita.

"Los derechos humanos constituyen el centro, finalidad y límite de nuestro sistema jurídico. Todas las autoridades que participemos en el proceso legislativo debemos velar porque las leyes respeten y garanticen los principios que caracterizan a esos derechos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad".

El Presidente suaviza sus observaciones reconociendo el trabajo del Poder Legislativo, al asegurar que en los últimos años, éste ha mostrado "trascendentes logros" en derechos humanos, educación, economía, telecomunicaciones, energía o acceso a la justicia.

Además, considera, en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, las fuerzas políticas realizaron un proceso abierto con la sociedad, academia y sector privado, sin mencionar que la legislación final dejó fuera elementos clave para organizaciones civiles.

"Las circunstancias actuales demandan un mayor esfuerzo a fin de que se llegue a más y mejores resultados que permitan preservar la institucionalidad y el desarrollo del País", añade.

"Ante la exigencia de contar con el marco legal e institucional para combatir la corrupción, se requiere de la intervención urgente de las autoridades que intervienen en el proceso legislativo para garantizar que cada uno de los proyectos legislativos cumplan su función".

Por ello, pide a la Comisión Permanente convocar a un periodo extraordinario, cuya agenda se suscriba "únicamente" al análisis, discusión y votación de sus observaciones a la Ley 3de3.