CIUDAD DE MÉXICO.- Sin que estuviera en el orden del día y con una votación dividida, el Senado aprobó un dictamen con el que se crea la Ley General de Seguridad Privada, la cual establece que este tipo de servicios son auxiliares a la seguridad pública.

El dictamen, que será enviado a la Cámara de Diputados, fue presentado por el priista José María Tapia Franco, y criticado, entre otros, por el coordinador del bloque PT-Morena, Manuel Bartlett, y el panista Juan Carlos Romero Hicks.

"Tiene por objeto regular la Seguridad Privada como actividad auxiliar de la función de Seguridad Pública en materia de prevención del delito, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas, en esta materia", se lee en el primer Artículo de la ley en cuestión.

Durante la discusión, que duró dos horas, Romero Hicks acusó que no hubo una sesión de las comisiones dictaminadoras, que fueron las de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda.

"Esto es un ejemplo de algo que lamentablemente entra por la rendija de última hora, con un diagnóstico incompleto y por consecuencia y tratamiento ineficaz", acusó el panista.

Bartlett advirtió que en México existen más de 500 mil elementos de seguridad privada, lo que es 10 veces más que toda la Marina, por lo que urgió que la ley debe aclarar que esa función podrá quedar en manos de extranjeros.

"Los ejércitos privados que hay ya, están contribuyendo a la violencia en este País", lamentó.

A favor del dictamen, el priista Tapia Franco mencionó que la falta de una ley en la materia ha generado un vacío de información sobre el perfil de las personas que ofrecen seguridad privada, su capacitación y qué tipo de armas usan.

"Los mexicanos requerimos una regulación a nivel nacional, que supervise, certifique a las empresas de seguridad pública, dé certeza y seguridad a quienes las contratan, y establezca condiciones justas de adiestramiento adecuado", dijo.

Jorge Luis Preciado consideró que la ley quita cargas de trabajo a los funcionarios públicos que ofrecen seguridad a personas en particular.

"Si tenemos la posibilidad de tener una seguridad privada que cuide a quien pueda afrontarlo económicamente, lo que estamos haciendo es quitándole esa carga al Estado", razonó.

El dictamen, que también reforman y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue aprobado por 57 votos a favor, 36 en contra y 3 abstenciones.